Omisión de la Verdad

Columna de
Samuel Ortiz – @SamuelOrtizM_

Además de la dificultad a la hora de establecer un consenso alrededor de los diferentes conceptos o significados de verdad, uno de los principales problemas (incluso eterno problema filosófico y como siempre un objeto de reflexión) es tener acordada cuál es la “verdad neutral” que esperamos encontrar. Con frecuencia, arrastra inclusive otros conceptos que nos permiten hallarle sentido o complementar pero que no define por completo este concepto. Por lo tanto, la “Verdad” no tiene una sola definición, sino que puede ir en muchos sentidos y direcciones. Tiene múltiples acepciones, por eso no se podría hablar de una verdad absoluta (que pareciera inalcanzable), estamos en manos de verdades relativas.

Sin duda alguna, tras leer el informe de la Comisión de la Verdad, se desvela el claro sesgo de los comisionados, como lo demostraré con algunas aseveraciones que aparecen en “Hallazgos y recomendaciones”.

• “Si el país había votado en 1998 masivamente por la paz, para 2002 había perdido completamente la fe en ella. Hizo carrera la noción de que una solución militar, así no tuviera un desenlace democrático, era deseable. De ese modo, se impuso la idea de sacrificar, sin más, democracia por «seguridad».” Esta afirmación resulta alejada de la realidad, puesto que para entonces, el Gobierno de Pastrana negoció sin éxito con las FARC y a las que había concedido una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, que la guerrilla aprovechó para incrementar su actividad criminal. Adicionalmente, no hay contradicción ni son mutuamente excluyentes la seguridad y la democracia; por el contrario, recuperar el orden y la seguridad permiten la vigencia real del Estado de Derecho, el ejercicio de las libertades, la garantía de los derechos humanos, la discrepancia, controvertir tesis, la confrontación de ideas (pilares y oxígeno dentro de una democracia), para que la discrepancia no implique exponer la integridad ni la seguridad personal. La doctrina de Seguridad Democrática lo que hizo fue garantizar la protección de los ciudadanos y que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos y gozar de sus libertades.
• “Es interesante observar que, en 2002, Uribe ganó la presidencia con el 54 % de los votos en primera vuelta. Al año siguiente, sin embargo, perdió por default el referendo que convocó para transformar el Estado de derecho de la Constitución de 1991 en un Estado comunitario centrado en la figura del líder carismático.” Antes bien, en el Referendo de 2003, los colombianos debían decidir sobre una serie de reformas para reducir los gastos del Estado y generar dinero para educación y salud. También se votaron varias propuestas para reducir el número de miembros del Congreso, congelar las pensiones y salarios de algunos funcionarios, retirar la investidura a miembros de las corporaciones elegidas popularmente por inasistencia sin causa justificada o por gestionar o aceptar auxilios con recursos públicos y sanción al servidor público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas a un congresista, diputado, o concejal, a cambio de la aprobación de un proyecto de acto legislativo, ley, ordenanza, o acuerdo, por falta gravísima con pérdida de empleo. Respecto al Estado Comunitario, este tuvo como objetivo que los recursos del Estado sirvan al interés de la comunidad, acercar el Estado al ciudadano, regirse por la regla de la austeridad y racionalidad fiscal, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y tiene un medio: que la comunidad participe ampliamente en la toma, ejecución y supervisión de las decisiones del Estado para garantizar la transparencia en el manejo de la cosa pública. Esto se vio reflejado en que, luego de superar el examen constitucional, los ciudadanos asistieron por primera vez tras la promulgación de la Constitución del 91 a una votación de esa naturaleza (referéndum).

Por consiguiente, el Estado Comunitario no sustituye el concepto de Estado Social de Derecho, definido por el constituyente de 1991; en cambio, garantiza el cumplimiento con el postulado constitucional del Estado Social de Derecho, que implica dos connotaciones básicas: el sometimiento del gobernante a la Ley y la puesta en práctica del principio de la solidaridad social.

• “La disputa por el poder durante los dos gobiernos de Uribe no era entre este y las guerrillas, sino entre este y la gran coalición que tuvo a su alrededor –en las que confluyeron todo tipo de poderes regionales y las más tradicionales élites nacionales– y las izquierdas civilistas que estaban ganando espacio en la política.” Esta aserción es sumamente desconectada con la historia: Las guerrillas no tenían apoyo político (que nunca tuvieron) por su obstinación con la toma del poder a través de la combinación de todas las formas de lucha, entre la cual se encontraba la vía armada y sus motivos y métodos violentos, sanguinarios, de terror, inhumanos y degradantes. Segundo, Uribe, contrario a lo que afirma el informe, consiguió lo que antes parecía imposible: golpear el corazón de las FARC con operaciones militares que acabaron con la fama de quienes parecían invulnerables altos mandos del secretariado de esa guerrilla. Tanto así que logró diluir su peligrosidad y sus opciones de llegar o tomarse el poder se esfumaban.
• “Ese «articulito» que se cambió (el que modificó la Constitución y permitió la reelección presidencial) estuvo a punto de romper el delicado diseño institucional del Estado colombiano y el equilibrio de poderes.” El Acto Legislativo 2 de 2004, “Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, que permitió la reelección presidencial inmediata (artículo 197), la Corte Constitucional a través de la sentencia C-1040 de 2005 no encontró una sustitución de la Constitución.
• “El modelo de seguridad terminó siendo útil a los intereses de sectores políticos y sectores de las élites económicas en la guerra. Se trata de un modelo que está más centrado en el cuidado de la propiedad que de las personas y usado sostener una farsa: la de que al enemigo se lo vencía aniquilándolo físicamente, que cada guerrillero muerto demostraba que el país tenía mayor seguridad y que el Ejército era el héroe de esa gesta.” Lo cierto es que durante el Gobierno Uribe se defendió la seguridad como un valor democrático en sí mismo, como un derecho humano al que todos los ciudadanos deben tener acceso en igualdad de condiciones, que propuso un papel más activo de la sociedad colombiana dentro de la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad frente a la amenaza de grupos insurgentes y otros grupos armados organizados ilegales en el marco de la amenaza terrorista interna y que propugnó por la imperiosa necesidad de fortalecer los ejercicios y presencia de la institucionalidad, especialmente de los órganos de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta política dista mucho de la doctrina de la Seguridad Nacional, que había recorrido América Latina y que había dejado malos recuerdos, porque era para perseguir disidentes, para cimentar gobiernos autocráticos, para suprimir el disenso, para eliminar el pluralismo, para censurar la prensa y anular las libertades.
• Los comisionados, además, demuestran su preferencia política por el expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo de paz de La Habana con las Farc, y la displicencia con que tratan el gobierno del presidente Álvaro Uribe. En el documento hay algunos apartes que así lo evidencian. En el capítulo 7 se menciona que en el mandato de Uribe se persiguió a los opositores: “Durante la política de seguridad democrática, entre 2002 y 2010, desde la Presidencia de la República se fortaleció el discurso del enemigo terrorista o narcoterrorista. En esa época, la estigmatización se agudizó contra periodistas, políticos de oposición que adelantaban denuncias en el Congreso, defensores de derechos humanos, magistrados de altas cortes (como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia), miembros de organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas”, dice en informe. Adicionalmente, el informe se basa de acuerdo con las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, quien mencionó que el “body count” o la doctrina de Vietnam se instauró durante los años de la seguridad democrática. A modo de recuento, “con el body count se implantaba una forma de medir los resultados a través de las bajas que se le causaban al enemigo. En la guerra de Vietnam, los estadounidenses pusieron en marcha una serie de indicadores cuantitativos que daban cuenta de esto. Eran más de 100 indicadores, dentro de los que estaban las deserciones dentro del Viet Cong, la fortaleza de unidades de combate, el porcentaje de tropas enemigas destruidas, el promedio de días utilizados en operaciones ofensivas, entre otros. La cuantificación del avance militar giraba en torno a los daños causados a la contraparte. Estos datos se comunicaban a través de reportes semanales y mensuales que terminaron basándose únicamente en las cifras. Los números se convirtieron en un fin en sí mismo; las métricas eran la base de la doctrina militar. Esto se daba en un contexto político en el que el Gobierno estadounidense enfrentaba protestas contra la guerra que se libraba en el sudeste asiático”, reseña la comisión. Al llegar al Ministerio de Defensa, Santos indicó que el general retirado Álvaro Valencia Tovar le advirtió de la aplicación de esta doctrina que podía degradar el conflicto. Santos relaciona a los falsos positivos con la demanda de resultados que exigía el Gobierno del que él mismo hacía parte: «No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam, pero al mismo tiempo en honor a la verdad tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado». (Entrevista 442-PR-03356. Juan Manuel Santos) Esto se puede rebatir con algunas cifras y logros en materia de seguridad durante el Gobierno Uribe (2002-2010):
• Homicidios: de 28.837 casos 2002 a 15.817 en 2010, se redujo en 13.020 casos.
• Asesinato a sindicalistas: de 196 casos en 2002 a 15 en 2010, se redujo en 181 casos.
• Asesinato a periodistas: de 15 casos en 2002 a uno en 2010, se redujo en 14 casos.
• Secuestro: de 2.882 casos en 2002 a 282 en 2010. Se redujo en 2600 casos. Los secuestros extorsivos pasaron de 1.708 casos en 2002 a 75 en 2010, una reducción de 1633 casos.
• Masacres: de 115 casos registrados en 2002 a 10 en 2010, se evitaron 105 masacres.
• Entre agosto de 2002 y junio de 2010 se acompañaron 57.826 hogares en planes de retorno o reubicación.
• Entre 2002 y 2000 se destinaron $91.109 millones en programas de tierras para 5.277 familias desplazadas, mediante la adjudicación de 61.005 hectáreas.
• Mediante el Programa de Protección de Tierras y Patrimonios, se aplicaron medidas de protección en 104.018 predios, beneficiando a 97.437 personas entre 2002 y 2009.
• Finalmente, cabe recordar que entre 2002 y 2010 hubo más de 53 mil desmovilizados (35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros).
• Cabe resaltar otro sesgo cuando en el punto 4. del informe se titula “El desenlace de la guerra: ¿democrático o antidemocrático?” para referirse al gobierno Uribe y “La paz ¿estable y duradera?” sobre el gobierno de Santos.

La Comisión de la Verdad nace con el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto” como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Las verdades que los comisionados entregaron al país al finalizar el mandato el pasado 28 de Junio son un conjunto de verdades históricas, extrajudiciales (es decir, que su contenido no serve para imputación penal alguna, ni contiene valor probatorio), pero que parecieran no estar centradas en las víctimas, sino en atacar a Uribe e invertir la historia y con la pretensión de convertir esos textos en una «verdad oficial». ¿Cómo poder creerle a un informe que para referirse al origen del paramilitarismo se refiere a un “entramado de actores, intereses, objetivos y prácticas” vinculados a grandes latifundios y la ganadería y élites políticas pero que olvida selectivamente que el origen de la guerrilla marxista de las FARC? Esta guerrilla nació cuando Gilberto Vieira envió a su grupo, que eran los cuadros políticos del Partido Comunista Colombiano a que vayan a hablar con el guerrillas liberales y les digan que no entreguen las armas y los empiezan a ideologizar y politizar; llegaron a donde estos campesinos liberales y los convencieron y entonces las guerrillas liberales se dividen en dos: limpios (guerrillero liberales) y en comunes (guerrilleros comunistas). Es entonces en el 49 cuando nacen las FARC con las guerrillas que se llaman “los comunes”; en 1952 se crea la escuela nacional de cuadros en Viotá y Gilberto Viera envía a Jacobo Arenas a hablar con estas guerrillas y desde allí comienza su escala y ascenso al interior de esa organización criminal. Arenas, inspirado por Fidel Castro, se fue al monte en 1964 para enmarcar ideológicamente en el marxismo a una de las tantas revueltas campesinas que este país había padecido desde siempre y donde se legaliza o se toma el nombre de “las FARC”, pero esto la Comisión no lo tuvo en cuenta. ¿Qué podemos esperar cuando se refiere insistentemente a la injerencia extranjera de Estados Unidos en el conflicto armado no internacional colombiano pero que guarda silencio con la injerencia de Cuba, Corea del Norte y la extinta URSS en el mismo? ¿No debería alarmarnos que el informe asevere que el enfoque prohibicionista, el discurso triunfalista de una parte de la sociedad o que el negacionismo sean “los principales factores de persistencia del conflicto” y no que sea el narcoterrorismo el que ha generado profundos daños a los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo? Lo peor de todo esto es que el pasado Viernes 11 de Agosto se inició la enseñanza del Informe sesgado de la Comisión de la Verdad en 4.200 colegios y a varios centenares de miles de niños, niñas y adolescentes con la directriz del ministro de Educación Alejandro Gaviria.

Y, encima, la Comisión dejó un “Comité de Seguimiento y Monitoreo” verificando que se cumplan sus “recomendaciones”, cuando jamás se pensó que fueran vinculantes.

Adenda: Debemos difundir las publicaciones del único miembro de la reserva del Ejército que hacía parte de la Comisión, Mayor (RA) Carlos Ospina Galvis, quien fue bloqueado por sus compañeros hasta el punto en que decidió renunciar y no avalar con su firma el informe final. Evidentemente, tampoco la Comisión quiso publicar las informaciones y hallazgos que Ospina encontró y que contienen sus libros.